La Cámara de Diputados aprobó este martes 25 de noviembre de 2025 la reforma que expide una nueva Ley General en materia de Extorsión, luego de ratificar los cambios propuestos por el Senado mexicano a la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. La aprobación ocurrió con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención. Esta reforma establece sanciones para este delito que pueden alcanzar hasta 42 años de cárcel. La iniciativa para esta ley fue enviada por Sheinbaum el 20 de octubre pasado, con el objetivo de unificar la tipificación y sanción del delito en todo el país, ya que actualmente se sanciona de manera distinta en cada estado, lo que ha dificultado su persecución y propiciado la impunidad.
La ley establece que a quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro, o causando un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico, se le impondrán de 15 a 25 años de cárcel. Además, la minuta de decreto modifica los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes Federal Contra La Delincuencia Organizada, la Nacional de Extinción de Dominio y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Una vez aprobado, el proyecto de decreto fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su posterior entrada en vigor.
La pena de prisión se aumentará cuando se presenten agravantes específicos. Por ejemplo, la pena se incrementará de 5 a 12 años de cárcel cuando se utilicen dispositivos, medios, servicios o plataformas electrónicas (como sistemas electromagnéticos, hilos, radioelectricidad o medios ópticos) en la comisión del delito. Además, la pena aumentará de 7 a 17 años de prisión cuando la extorsión se realice mediante el uso de una o más armas, instrumentos peligrosos u objetos que parezcan armas de fuego, o cuando el delito afecte directamente la economía de alguna comunidad.
En el caso de los servidores públicos, se aplicará una pena de 10 a 20 años de prisión a la persona que, teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos, cometa este crimen. Respecto a la incidencia delictiva, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que al cierre de 2024 se acumularon 10 mil 804 víctimas de extorsión
