En los últimos días, Siria ha experimentado una ola de violencia sin precedentes desde la caída del expresidente Bashar al Asad en diciembre de 2024. Dos días de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de la nueva administración y grupos armados leales al antiguo régimen han resultado en la muerte de al menos 237 personas, según informes del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
Los choques se han centrado en las provincias costeras de Tartús y Latakia, bastiones tradicionales de la minoría alauita, a la que pertenecía al Asad. Entre las víctimas se encuentran aproximadamente 140 civiles, 50 soldados y oficiales de las fuerzas de seguridad, y 45 combatientes de la oposición. Además, se han reportado ejecuciones extrajudiciales de al menos 136 personas alauitas en localidades como Al Hafa, Al Mojtareya y Al Sher, presuntamente llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la escalada de violencia y las posibles repercusiones en el proceso de transición política del país. Organismos internacionales instan a las autoridades sirias a proteger a la población civil y a garantizar una investigación imparcial sobre los recientes hechos. Mientras tanto, el gobierno ha establecido una comisión para investigar los ataques y ha llamado a la unidad nacional en un intento por restaurar la estabilidad.
