La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves una ley que castiga severamente a los venezolanos que pidan o apoyen sanciones internacionales, desconozcan los poderes públicos o atenten contra la integridad territorial y la soberanía e independencia del país.
El proyecto aprobado por el Legislativo unicameral, de mayoría oficialista, apunta implícitamente a los líderes de la oposición, muchos de los cuales han apoyado las sanciones económicas en un esfuerzo por presionar al gobierno a negociar. El instrumento legal codifica esas acciones como crímenes de lesa humanidad y permite el procesamiento de cualquiera que exprese su respaldo.
La ley contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 60 años y postularse a elecciones, la destitución, confiscación de bienes y juicios en ausencia de los acusados. También incluye la apertura de procesos judiciales contra aquellos que soliciten o participen en “actos de agresión” con penas de entre 25 y 30 años de prisión.
En medio de las críticas de los adversarios políticos y de organizaciones defensoras de los derechos humanos locales y extranjeras, los legisladores aprobaron la norma en una segunda discusión.
Horas después, el presidente Nicolás Maduro aplaudió a los legisladores por aprobar una ley destinada a “poner orden” y consideró apropiado que, con el nuevo instrumento legal, “se pueda juzgar en ausencia”.
“El sistema de justicia no se puede paralizar… por una acción delictiva, por los que huyen del país ante un acto criminal”, indicó en un programa difundido por la televisión estatal. “Hicimos esta legislación en un momento en que el imperialismo (Estados Unidos) cree que va a amedrentarnos”.
El instrumento entrará en vigor una vez que sea promulgado por Maduro y publicado en la Gaceta Oficial. Previamente será remitida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, un ente cercano al gobierno, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad, indicó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea y cercano colaborador de Maduro.
La ley fue promovida por los aliados de Maduro luego que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto que prohíbe al gobierno estadounidense negociar con personas o empresas que tengan operaciones comerciales con Venezuela. Ese proyecto fue presentado por los representantes de Florida, la demócrata Debbie Wasserman Schultz y el republicano Mike Waltz, elegido por Donald Trump para ser su asesor de seguridad nacional. Aún está pendiente su trámite en el Senado estadounidense y su sanción presidencial.
