El expresidente Donald Trump ordenó el envío de 2 000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles junto con 700 marines, argumentando la necesidad de contener protestas contra sus redadas migratorias, especialmente tras nuevas razias de ICE. Según su equipo, la decisión busca “proteger bienes federales” y frenar actos de vandalismo, como incendios de vehículos y enfrentamientos en oficinas de migración.
La respuesta generó una fuerte controversia política: el gobernador Gavin Newsom anunció una demanda por supuesta “invasión de autoridad estatal”, mientras que demócratas y grupos de derechos civiles denunciaron la militarización de la ciudad y potencial abuso del poder federal. En contraste, Trump defiende su actuación como una decisión de “ley y orden” ante una crisis incontrolada.
Las movilizaciones continuaron con miles de manifestantes en Los Ángeles y San Francisco. Las tensiones escalonaron con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales, uso de gas lacrimógeno e incluso lesiones a periodistas. Las protestas reflejan la polarización en torno a la política migratoria de Trump y plantean un nuevo debate sobre el papel del ejército en la seguridad interior.
