El gobierno de Donald Trump despidió a la mayoría de los empleados de la rama de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que incluye a más de cien personas que trabajaban en oficinas clave encargadas de la protección de derechos civiles y la supervisión de políticas migratorias. Esta decisión afecta a organismos fundamentales como la Oficina de Derechos Civiles y la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes.
Según fuentes de The New York Times, los empleados despedidos tienen un plazo de 60 días para buscar otro puesto dentro de la administración o enfrentarán su despido definitivo en mayo. Este cambio se produce en un contexto donde el DHS busca reestructurar sus operaciones para priorizar la seguridad fronteriza y el control migratorio, eliminando lo que consideran “obstáculos burocráticos” que ralentizan sus funciones.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, defendió la medida, asegurando que las agencias afectadas frecuentemente actuaban en contra de las políticas del departamento, especialmente en temas de inmigración. Este cambio es visto como un esfuerzo por parte de la administración de Trump para fortalecer la aplicación de la ley y reducir la influencia de las oficinas que supervisan los derechos civiles dentro de las agencias gubernamentales.
