El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido un memorando ordenando al Departamento de Justicia sancionar a abogados y firmas legales que presenten demandas contra sus políticas migratorias, calificando tales acciones como “frívolas” y una fuente de “fraude desenfrenado”. 
Esta directiva instruye a la fiscal general, Pam Bondi, a remitir a la Casa Blanca casos de bufetes que interpongan litigios considerados “irrazonables y vejatorios”, con el objetivo de revocar sus credenciales y rescindir contratos gubernamentales. 
Organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) han condenado esta medida, advirtiendo que representa un ataque sin precedentes al Estado de derecho y un intento de silenciar a quienes buscan responsabilizar al gobierno por posibles violaciones de derechos.
