El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó al presidente Donald Trump a revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) concedido a más de 300 mil venezolanos, dejándolos vulnerables a la deportación. Esta decisión revierte un fallo anterior que mantenía la validez del TPS.
La Administración Trump argumentó que el TPS para venezolanos iba en contra del “interés nacional” y que la justicia no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria urgentes. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la cancelación alegando razones de seguridad nacional y pública.
Activistas y abogados de inmigración han criticado duramente la decisión, señalando su impacto humanitario y económico. El litigio del caso continuará en cortes inferiores, mientras los afectados enfrentan incertidumbre sobre su futuro en Estados Unidos.
