El Senado de la República y la Cámara de Diputados han solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de 26 candidaturas para las próximas elecciones judiciales del 1 de junio. De estas, 18 personas están vinculadas a investigaciones penales federales por delitos graves como abuso sexual, peculado y delincuencia organizada, lo que cuestiona su “buena reputación”, requisito constitucional para el cargo.
Además, ocho candidaturas no cumplen con el promedio mínimo de calificación en licenciatura de ocho puntos, presentando promedios entre 7.0 y 7.93. Esto afecta directamente la idoneidad de los aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso.
Los legisladores enfatizaron que la elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial. Solicitaron al INE proceder a la cancelación de los registros de estas candidaturas para preservar la integridad y confianza pública en el Poder Judicial.
