Katrina Armstrong, presidenta interina de la Universidad de Columbia, presentó su renuncia en medio de tensiones con la administración del presidente Donald Trump. La universidad había sido amenazada con la suspensión de 400 millones de dólares en financiación federal debido a acusaciones de antisemitismo en el campus. Para evitar la pérdida de estos fondos, la institución implementó medidas como la contratación de 36 agentes de seguridad con autoridad para expulsar o detener estudiantes, y la prohibición del uso de mascarillas quirúrgicas durante las protestas en el campus.
Armstrong asumió el cargo tras la dimisión de Minouche Shafik, quien renunció meses después de las protestas propalestinas que tuvieron lugar en el campus y que derivaron en la detención y expulsión de varios estudiantes. La copresidenta del Consejo de Administración, Claire Shipman, ha sido nombrada presidenta interina de Columbia.
La renuncia de Armstrong ocurre en un contexto de creciente tensión en la comunidad académica estadounidense, donde varias universidades enfrentan presiones similares por parte del gobierno federal. Este caso refleja el delicado equilibrio que las instituciones educativas deben mantener entre la defensa de la libertad académica y la gestión de relaciones con las autoridades gubernamentales.
