La Fiscalía General de la República (FGR) ha girado una orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por presuntos delitos de desvío de recursos públicos y delincuencia organizada. A pesar de los rumores sobre su detención en las últimas horas, Aureoles permanece prófugo.
Este sábado, la FGR detuvo a cuatro exfuncionarios de la administración de Aureoles: Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Juan Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia. Los detenidos enfrentan acusaciones de peculado, desvío de recursos públicos y asociación delictuosa, entre otros posibles cargos.
El actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha señalado que la administración de Aureoles desvió recursos destinados a proyectos de seguridad, con un monto superior a los 5,200 millones de pesos. Se destaca el caso de los cuarteles de la Policía estatal, donde se pagaron 5,200 millones de pesos por siete instalaciones, incluyendo pagos por arrendamientos financieros que, según las autoridades, en realidad correspondían a obras públicas.
Además de las detenciones recientes, la administración de Aureoles enfrenta 22 denuncias penales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. Estas denuncias abarcan diversos delitos, incluyendo enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Silvano Aureoles, quien gobernó Michoacán de 2015 a 2021, ha sido objeto de críticas por presuntos excesos en el uso de recursos públicos, incluyendo gastos en viajes al extranjero y en el alquiler de aeronaves para uso personal y de allegados. Durante su mandato, también se registraron enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas de seguridad, con episodios violentos como la intervención en la comunidad de Arantepacua, que resultó en la muerte de cuatro habitantes y lesiones a otros 23.
La FGR continúa con las investigaciones y acciones legales correspondientes en contra de los exfuncionarios y el exgobernador, en un esfuerzo por esclarecer el desvío de recursos y otros posibles delitos cometidos durante la administración pasada.
