La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de Derechos Humanos, emitió medidas cautelares contra el Estado mexicano por el presunto despojo del Rancho Izaguirre, ubicado en Aguascalientes. Las medidas buscan garantizar la seguridad y protección de los integrantes de la familia afectada, quienes han denunciado amenazas y hostigamientos tras perder la posesión del predio.
La disputa legal por el rancho se remonta a varios años atrás, cuando los dueños originales fueron desalojados en medio de un proceso judicial que, aseguran, estuvo plagado de irregularidades. La ONU consideró que existen elementos suficientes para intervenir, al estimar que los derechos fundamentales de la familia podrían estar siendo vulnerados.
El gobierno mexicano deberá informar al organismo internacional sobre las acciones adoptadas para cumplir con estas medidas cautelares. En tanto, los afectados han pedido al Estado que se les devuelva la posesión del rancho mientras se resuelve el fondo del conflicto. La intervención de la ONU marca un precedente importante en casos de despojo con posible participación de autoridades.
