La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó este miércoles la exclusividad del Estado en la explotación del litio, al desestimar un amparo promovido por la empresa Grupo Bararal, que buscaba impugnar la reforma a la Ley Minera de abril de 2022.
La reforma sobre la nacionalización del litio, impulsada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, declara este mineral y otros considerados estratégicos de utilidad pública y reserva su explotación al Estado, prohibiendo concesiones a particulares.
El proyecto para desestimar este amparo que data desde 2022, fue elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán y aprobado por unanimidad en la Segunda Sala de la SCJN.
La resolución se basó en la ‘supremacía constitucional’, señalando que, aunque se concediera el amparo respecto a los artículos de la Ley Minera, una reforma constitucional posterior prohíbe las concesiones relacionadas con el litio.
Por lo tanto, estimó que incluso una eventual concesión del amparo no tendría efecto, ya que la norma constitucional impide la existencia de concesiones sobre este mineral específico.
