Una coalición de fiscales generales de 14 estados de Estados Unidos ha demandado a la administración del presidente Donald Trump, alegando que la asignación de Elon Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) excede la autoridad constitucional.
Los fiscales argumentan que Musk, al liderar el DOGE, ha accedido a datos confidenciales y ha causado perturbaciones en agencias federales, afectando programas gubernamentales esenciales. Se destaca que Musk no fue nominado ni confirmado por el Senado, lo que, según los demandantes, viola los límites constitucionales del poder ejecutivo.
La demanda busca invalidar las acciones de Musk y del DOGE, prohibirles el acceso o alteración de fondos públicos y estructuras de agencias, y destruir cualquier dato obtenido ilegalmente. Además, se solicita que Musk sea impedido de dirigir a funcionarios del poder ejecutivo fuera de su agencia.
Este litigio refleja la creciente preocupación sobre la concentración de poder en manos de individuos no elegidos y la necesidad de supervisión adecuada en la administración pública.
