El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido levantar una orden judicial que impedía al Gobierno de Donald Trump realizar deportaciones sumarias de ciudadanos venezolanos, basándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta legislación, históricamente utilizada en tiempos de guerra, permite la expulsión o detención de individuos considerados amenazas para la seguridad nacional. La decisión del alto tribunal se produjo tras una votación dividida de 5-4, reflejando la controversia en torno a la aplicación de una ley de más de dos siglos en el contexto actual.
La Administración Trump argumentó que ciertos inmigrantes venezolanos, presuntamente vinculados a la banda criminal Tren de Aragua, representaban una amenaza para la seguridad del país, justificando así su deportación inmediata sin una audiencia judicial completa. Sin embargo, el Tribunal Supremo estableció que, aunque se permite continuar con las deportaciones, los detenidos deben ser notificados oportunamente y se les debe brindar la oportunidad de impugnar su expulsión en el tribunal federal correspondiente, ubicado en Texas en lugar de Washington D.C.
Esta resolución ha generado críticas por parte de los jueces disidentes y organizaciones defensoras de los derechos civiles, quienes advierten sobre los riesgos de aplicar una ley diseñada para tiempos de guerra en situaciones que no implican un conflicto bélico declarado. Se teme que este precedente pueda conducir a abusos y a la erosión de las garantías procesales para los inmigrantes en Estados Unidos
