Las ciudades de Chelsea y Somerville, en Massachusetts, han presentado una demanda federal contra la Administración del presidente Donald Trump, buscando frenar las presiones para que colaboren en operativos de deportación masiva. Representadas por Lawyers for Civil Rights, las ciudades argumentan que las amenazas del Gobierno, que incluyen la suspensión de fondos federales y posibles sanciones legales, violan sus derechos constitucionales.
Somerville y Chelsea han mantenido su estatus de ciudades santuario desde 1987 y 2007, respectivamente. Afirman que permitir la colaboración de la policía local con agentes federales de migración disuadiría a las víctimas y testigos de reportar delitos, afectando la seguridad pública.
Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump ha emitido órdenes ejecutivas para retirar fondos federales a las ciudades que se nieguen a colaborar con las autoridades migratorias. Además, el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Transporte (DOT) han advertido posibles sanciones y congelaciones de financiamiento a las jurisdicciones que mantengan políticas santuario.
Oren Sellstrom, abogado de Lawyers for Civil Rights, aseguró en un comunicado que “el presidente no puede utilizar fondos federales como un arma para forzar a los gobiernos locales a socavar su propia seguridad pública”.
Este conflicto resalta la tensión entre las políticas federales y las decisiones locales en materia de inmigración, especialmente en ciu
