El estado de California presentó una demanda contra la administración de Donald Trump por su orden de federalizar a la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom, alegando que es una violación a la Constitución y los principios de soberanía estatal
El fiscal general Rob Bonta solicitó al tribunal una orden restrictiva para frenar el despliegue, señalando que las tropas fueron enviadas pese a que la policía local y estatal consideraban que la situación estaba bajo control y representó una “falta de respeto” a los soldados y la población
El gobernador Newsom calificó la medida de “ilegal, inmoral y provocadora”, responsabilizando a Trump de intentar escalar tensiones con fines políticos, y advirtió que dicha acción marca un peligroso precedente para futuras militarizaciones de protestas civiles
