Aunque llegó a la jefatura del Estado en diciembre de 2022 como una incógnita tras la destitución de Pedro Castillo por intentar dar un golpe de Estado, Dina Boluarte terminó convirtiéndose en la jefa de Estado más impopular de Latinoamérica, mientras los peruanos la acusaban de incapaz, frívola y hasta “asesina“.
Boluarte, quien fue destituida el jueves 9 de octubre en la noche por una abrumadora mayoría del Congreso, no contó durante su gestión con un partido ni una bancada propia, aunque permaneció en el cargo durante casi tres años respaldada por agrupaciones conservadoras, como el partido fujimorista Fuerza Popular.
El partido, que lidera Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), finalmente se sumó a las voces parlamentarias que apoyaron de manera casi unánime su vacancia (destitución) por su presunta incapacidad para enfrentar el embate del crimen organizado en el país.
La gota que rebalsó el vaso fue el ataque con armas de fuego que sufrió durante la noche del domingo uno de los más populares grupos de música cumbia del país, mientras presentaba un concierto en un local del Ejército de Perú, en Lima.
Este ataque, que dejó heridos a cuatro integrantes de la agrupación Agua Marina y a un vendedor, encendió las redes sociales como un reguero de pólvora y generó el rechazo ciudadano ante lo que se consideró inacción del Ejecutivo para solucionar el incremento de la criminalidad, que afecta a todos los sectores sociales del país.
Natural de la provincia andina de Apurímac, esta abogada de 63 años llegó a la Presidencia tras ser elegida como vicepresidenta de Castillo, del que fue su ministra hasta poco antes de que intentase un golpe de Estado para evitar su destitución.
Su carrera política hasta entonces se limitaba a haber sido candidata alcaldesa del municipio de Lima donde reside. Su vida había transcurrido antes entre su familia y su trabajo como funcionaria en el Registro Civil.
Boluarte comenzó su gestión el 7 de diciembre de 2022 en medio de anuncios de fortalecimiento del sistema democrático y la economía, pero se dio de bruces con la realidad de no contar con una bancada parlamentaria propia y el rechazo de un gran sector de la ciudadanía, sobre todo de las regiones del sur del país.
El paso de los meses solo hizo empeorar su mala imagen entre los peruanos, al punto que en todos los sondeos de opinión de los últimos meses apareció como la gobernante más impopular de Latinoamérica, al contar con solo 3 % de aprobación, una cifra dentro del margen de error de las encuestas.
La permanencia de su Gobierno quedó en manos, entonces, de las fuerzas conservadoras que rechazaron diferentes propuestas para intentar sacarla del cargo, sobre todo después de que las protestas sociales que se desarrollaron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 dejaran medio centenar de personas muertas.
Hasta seis mociones previas de destitución fracasaron gracias al apoyo de partidos como Alianza para el Progreso, del gobernador regional César Acuña, y Fuerza Popular, de Keiko Fujimori.
