El Parlamento húngaro aprobó una enmienda constitucional que prohíbe legalmente los eventos públicos relacionados con la comunidad LGBT+, incluyendo las marchas del Orgullo. La medida, impulsada por el partido Fidesz del primer ministro Viktor Orbán, fue aprobada con 140 votos a favor y 21 en contra. La legislación reconoce únicamente los géneros masculino y femenino, y justifica la prohibición bajo el argumento de proteger el desarrollo infantil, subordinando otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión.
La nueva normativa autoriza el uso de tecnología de reconocimiento facial para identificar a los asistentes a eventos prohibidos y establece multas de hasta 200,000 forintos húngaros (aproximadamente 500 euros) para los participantes, mientras que los organizadores podrían enfrentar hasta un año de prisión. Estas disposiciones han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos, que las consideran una violación flagrante de las obligaciones de Hungría de prohibir la discriminación y garantizar la libertad de expresión y de reunión pacífica.
La aprobación de esta ley ha generado protestas masivas en Budapest y críticas internacionales, incluyendo el respaldo de 22 embajadas europeas a las manifestaciones en defensa de los derechos LGTBIQ+. Activistas y políticos opositores denuncian un intento del gobierno por eliminar la visibilidad LGTBIQ+ del espacio público. La Comisión Europea investiga la posible vulneración de derechos fundamentales.
