A medida que avanzan las campañas judiciales en México, organizaciones civiles han expresado su preocupación por la presencia de candidatos con presuntos vínculos con el crimen organizado y antecedentes cuestionables. El grupo Defensorxs ha documentado al menos 13 aspirantes relacionados con actividades ilícitas, incluyendo delitos sexuales y nexos con sectas político-religiosas. Entre ellos destaca Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien busca una posición como jueza penal en Chihuahua.
Otro caso relevante es el de Francisco Herrera Franco, apodado “el fiscal del terror”, candidato a juez penal federal en Michoacán. Herrera Franco enfrenta acusaciones de pactos con grupos criminales y posibles implicaciones en los asesinatos de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares en 2022. Organizaciones defensoras de derechos civiles han manifestado su preocupación por la posibilidad de que individuos con antecedentes de corrupción y violencia asuman roles clave en la impartición de justicia.
La polémica se intensificó con la candidatura de Nicollino Cangiamilla a magistrado en Sonora. Cangiamilla ha sido acusado de negligencia durante su gestión como director del sistema penitenciario local, especialmente en relación con la muerte de la joven Paula Josette durante una visita conyugal irregular. A pesar de las denuncias, su postulación fue aceptada por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que ha generado críticas sobre la idoneidad de algunos candidatos en este proceso electoral sin precedentes.
