El Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido criterios para garantizar la equidad e imparcialidad en la elección del Poder Judicial programada para el 1 de junio. Entre las medidas adoptadas, se prohíbe a los gobiernos federal, estatal y municipal, así como a cualquier institución o funcionario público, utilizar recursos públicos para promover la participación ciudadana en este proceso electoral.
El consejero Arturo Castillo enfatizó que ni las personas servidoras públicas no candidatas, ni las autoridades o instituciones públicas, pueden emplear recursos públicos para promover el voto, la participación ciudadana en la elección o crear espacios para la difusión de los perfiles de las candidaturas, en términos de lo dispuesto en el artículo 134 constitucional. En caso necesario, el INE podrá celebrar convenios para que la propia autoridad electoral lleve a cabo actividades de promoción o difusión en los espacios de otras autoridades.
Además, la consejera Dania Ravel subrayó que, al igual que en las elecciones ordinarias, no se permite la intromisión de ningún ente externo en estos comicios, y que la promoción de la participación corresponde exclusivamente al INE. Por su parte, la consejera Claudia Zavala señaló la necesidad de aclarar que los Poderes de la Unión no pueden intervenir en la difusión relacionada con la elección, enfatizando que dicha difusión debe ser imparcial y equitativa.
