El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su administración detendrá la financiación federal a cualquier escuela o universidad que permita lo que considera “protestas ilegales”. Además, advirtió que los participantes en estas manifestaciones podrían enfrentar encarcelamiento, deportación o expulsión permanente.
Esta declaración se produce en respuesta a las protestas que tuvieron lugar en abril de 2024 en diversos campus universitarios de EE.UU., donde estudiantes expresaron su oposición a la guerra en Gaza y al apoyo del gobierno estadounidense a Israel. Estas manifestaciones, que se extendieron por aproximadamente tres meses, resultaron en la detención de alrededor de 3,100 personas.
A finales de enero, Trump firmó una orden ejecutiva enfocada en combatir lo que calificó como “proyihadismo” en los campus universitarios. Esta medida incluía la identificación y posible deportación de estudiantes extranjeros que participaron en las protestas y la cancelación de visas a aquellos considerados “simpatizantes de Hamás”. Sin embargo, muchos estudiantes involucrados han negado apoyar a Hamás o incurrir en actos antisemitas, aclarando que su intención era manifestarse contra la ofensiva militar de Israel en Gaza, que resultó en más de 47,000 muertes.
Además, la administración Trump ha revisado contratos con instituciones como la Universidad de Columbia, acusada de no proteger adecuadamente a sus estudiantes judíos durante las protestas de 2024. Se están evaluando acuerdos por un valor de $5,000 millones, lo que añade presión sobre las universidades para abordar las preocupaciones relacionadas con el antisemitismo y las protestas en sus campus.
Estas acciones han generado un intenso debate sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta en instituciones educativas, así como sobre el alcance de la autoridad federal en la regulación de actividades en campus universitarios.
