El Instituto Nacional Electoral (INE) ha reconocido errores en las listas de más de 4,000 candidatos para las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio. Estos errores incluyen nombres repetidos y la inclusión de trabajadores judiciales que han declinado participar. El INE ha solicitado al Senado que publique las listas corregidas en el Diario Oficial de la Federación en un plazo de 48 horas. Además, ha instado a los aspirantes a revisar y corregir cualquier error en sus datos personales antes de la impresión de las boletas, prevista para el 20 de febrero.
La elección judicial en México, programada para junio, enfrenta múltiples irregularidades, poniendo en duda la transparencia y certeza del proceso en el cual se elegirán más de 900 jueces, magistrados y ministros. Entre los problemas detectados se encuentran inconsistencias en las listas de candidatos, presencia de nombres que no deberían estar y ausencia de otros que deberían, así como falta de información básica. Se han detectado candidatos con datos incompletos o incorrectos, y algunas candidaturas dobles. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido al Senado ante estos problemas y ha instado al INE a resolver las faltas. El INE, por su parte, ha iniciado un proceso acelerado de ratificación de candidaturas.
El Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal reconoció que había errores en la lista de nombres de aspirantes para la elección judicial. Estas inconsistencias se debieron a entradas que no fueron eliminadas al publicar la lista y correspondían a pruebas realizadas en la base de datos por el área de informática. El Comité reiteró que la lista definitiva de aspirantes elegibles se publicará en breve.
El Comité del Poder Legislativo señaló que la lista de personas que pasaron la primera etapa de la elección judicial se subió con prisas y errores, y que faltaba la mitad de los aspirantes en la lista revelada. A pesar de estos problemas, el Comité aseguró que no hubo mala fe y que se expedirá una lista complementaria para corregir las omisiones.
El sector privado de México ha manifestado su preocupación por la propuesta de reforma judicial que incluye la elección popular de jueces, ministros y magistrados federales. Esta reforma ha generado tensiones y advertencias sobre su impacto negativo tanto en la democracia como en la economía del país. Los mercados financieros ya han reaccionado negativamente, con una caída del peso mexicano y la venta de bonos de deuda nacional por parte de inversores. Organismos nacionales e internacionales, incluidos bancos de inversión y las Naciones Unidas, han expresado su aprensión sobre esta reforma, argumentando que podría socavar la independencia del poder judicial y aumentar el riesgo de inversión en México.
