El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois, acusándolos de interferir con las labores de las autoridades migratorias.
La querella, presentada en una corte federal de Illinois, busca anular y declarar inconstitucionales las políticas estatales y locales que brindan protección a migrantes indocumentados, argumentando que obstaculizan las deportaciones.
El gobierno de Trump sostiene que estas medidas desafían las leyes federales de inmigración y dificultan la cooperación entre las agencias locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
