Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) está atendiendo denuncias para identificar a los responsables de fraudes cometidos contra derechohabientes del Infonavit en administraciones pasadas.
“Se siguen presentando denuncias penales, en algunos casos hay nombres que se le dan a la Fiscalía y en otros que revisen integralmente quiénes son los responsables frente a estos fraudes para las y los trabajadores afiliados al Infonavit”, puntualizó.
Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó sobre la implementación de una estrategia mediante la cual despachos legales interpusieron juicios masivos contra 373 mil derechohabientes que no residían en las propiedades registradas. Los casos se concentran en entidades como Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, la Ciudad de México y Morelos.
“Mil de 373 mil derechohabientes fueron demandados en otros estados; sólo 71 mil fueron demandados en su propia entidad”, explicó.
Como resultado, 249 mil derechohabientes perdieron sus viviendas: 207 mil propiedades no han podido ser escrituradas a favor del Infonavit debido a irregularidades en el proceso, y 42 mil fueron vendidas en subastas masivas. Además, 22 mil 386 acreditados afectados por estos juicios actualmente están al corriente en sus pagos.
Romero Oropeza también reveló que el Infonavit pagó 29 mil 263 millones de pesos durante ocho años a despachos legales involucrados en estos procesos. Entre los principales señalados están GABSSA, que recibió más de 2 mil millones de pesos, y ACSER, con 103 millones de pesos, para realizar desalojos de forma corrupta e irregular.
“Grupo ACSER, al que nos estamos refiriendo, tiene una oficina en el puerto de Veracruz. Hay una derechohabiente que estaba demandada y quería ver cómo resolvía su problema con este despacho. Llegó y tomó una foto, porque resulta que la oficina del Grupo ACSER, en Veracruz, está en venta”, expuso tras mostrar un video sobre la situación.
“Esto es grave porque la oficina se está vendiendo, está abandonada; los expedientes están en el suelo, arrumbados. No tenemos constancia de cuántos expedientes se les entregaron a estos despachos ni de que nos los hayan devuelto”, puntualizó.
Pese a que en la administración de Andrés Manuel López Obrador se ordenó detener los juicios masivos, se detectó que nueve despachos simularon juicios individuales en la Ciudad de México a través del Juzgado 60 Civil, afectando a 63 mil 444 derechohabientes.
“En esta administración, en noviembre del 2024, alcanzamos a detener este proceso evitando afectar a más de 63 mil familias, lo que no quita la intención y toda la documentación que tenemos con relación a lo que pretendían hacer estos despachos”, detalló.
Ante esta situación, Romero Oropeza anunció que, por instrucciones de la presidenta, se compensará a los derechohabientes afectados por los juicios masivos. Asimismo, afirmó que continuarán las denuncias penales contra despachos involucrados, notarios y funcionarios del Poder Judicial en las entidades implicadas.
