Un grupo de 18 estados liderados por gobiernos demócratas presentó una demanda contra el expresidente Donald Trump, en oposición a su intento de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva.
La demanda argumenta que esta medida es “ilegal” y violatoria de la Constitución de los Estados Unidos, ya que la Enmienda 14 garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
El decreto firmado por Trump, apenas horas después de asumir su cargo, establece que los hijos de padres indocumentados o con estatus legal temporal, como visas de trabajo o turista, no serían reconocidos como ciudadanos estadounidenses.
Estados como Nueva York, Colorado y California, junto con ciudades como Washington y San Francisco, señalaron en su recurso legal que el presidente “no tiene autoridad para modificar o anular una enmienda constitucional”. Además, advirtieron que la implementación de esta medida provocaría daños “inmediatos e irreparables” a los residentes de sus jurisdicciones.
La eliminación de la ciudadanía por nacimiento afectaría directamente a niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados, impidiéndoles obtener pasaportes, acceder a derechos básicos y trabajar legalmente.
La idea de revocar este derecho ha sido respaldada por sectores conservadores durante años. Trump ya había planteado una medida similar durante su primer mandato (2016-2021), aunque nunca llegó a concretarla.
Expertos en derecho constitucional, como el historiador Scott Bomboy del National Constitution Center, han explicado que cualquier cambio a este principio requeriría una enmienda constitucional. Esto implicaría la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un proceso altamente complejo y poco probable.
